El mundo de la ciberseguridad no da tregua. En las últimas horas, dos noticias han sacudido tanto el ámbito digital como el turístico en España.
Hackeo masivo a la Agencia Tributaria: 560 GB de datos en riesgo
El grupo de cibercriminales conocido como Trinity ha reivindicado un ataque a la Agencia Tributaria (AEAT), afirmando haber sustraído 560 GB de datos sensibles. La alerta fue publicada en redes sociales por una reconocida cuenta del sector, causando revuelo en la comunidad de ciberseguridad.
Según el grupo, se ha impuesto un plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para cumplir con un rescate cuya cifra no se ha revelado, aunque se especula que podría ser multimillonaria debido a la cantidad y sensibilidad de la información comprometida.
Este ciberataque podría ser uno de los mayores registrados contra una institución pública en España, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los sistemas de gestión fiscal en un entorno cada vez más digitalizado.
Nuevos registros obligatorios en el sector turístico: ¿Seguridad o invasión de privacidad?
A partir del 2 de diciembre, entra en vigor una nueva normativa que exige a hoteles, agencias de viajes y alojamientos turísticos registrar una extensa lista de datos de los viajeros.
Entre los datos obligatorios están:
- Información personal: nombre, apellidos, sexo, nacionalidad, DNI, fecha de nacimiento, entre otros.
- Datos de contacto: teléfonos, correo electrónico y lugar de residencia habitual.
- Relaciones familiares: en caso de menores de edad, deberá especificarse el parentesco.
- Detalles de la transacción: número de viajeros y datos del pago.
Este registro deberá ser almacenado en la plataforma del Ministerio del Interior durante al menos tres años. La medida tiene como objetivo combatir el terrorismo y el crimen organizado, según el Ministerio. Sin embargo, ha desatado protestas en el sector turístico por las implicaciones administrativas y la potencial afectación a la privacidad de los viajeros.
¿Habrá sanciones?
Las multas por no cumplir con esta normativa pueden llegar hasta los 30.000 euros, lo que ha llevado a asociaciones como la CEHAT y la CEAV a anunciar acciones legales contra el Gobierno.
La conexión entre ambas noticias: un nuevo desafío en seguridad digital
Mientras el sector público lidia con los ciberataques, el sector privado enfrenta regulaciones cada vez más estrictas que buscan blindar la seguridad. Estas dos noticias dejan claro que la protección de datos y la ciberseguridad no solo son esenciales, sino que están en el epicentro de la transformación digital actual.
La pregunta es: ¿estamos realmente preparados para proteger nuestra información en un mundo cada vez más interconectado?
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